El gobierno estudia realizar una reforma del registro Civil que nos deja cuanto menos perplejos. Y es que ahora se están planteando los políticos que los registros civiles pasen a manos de los registradores mercantiles, de forma que serán éstos los que haciendose cargo de la gestión de los registros inscriban los nacimientos, defunciones, matrimonios, expedientes de nacionalidad, cambio de nombre, etc.
Esta reforma supone un cambio radical en la forma de gestionar este fundamental registro público, que puede venir motivado por un doble propósito: por una parte descargar al Estado del coste económico que supone atender estos Registros en cada uno de los pueblos y ciudades de España, lo que le supone más de 350 millones de euros anuales y por otra parte se pretende dar más trabajo a los registradores que han visto disminuido considerablemente su carga de trabajo. Todo un detalle para con este colectivo que no se puede decir que es el mas castigado por la crisis.
La pregunta es ¿quién va a pagar todo esto? La respuesta ya nos la ha adelantado el Ministerio de Justicia, que ya se ha pronunciado en el sentido de negar que los trámites de nacimiento y defunción vayan a cobrarse, por lo que a sensu contrario hemos de deducir que el resto de trámites devengarán una tasas, sobre la que se dice que oscilará entre los 10 euros por los trámites mas sencillos hasta los 40 euros por aquellos otros más complejos.
En cualquier caso aún es pronto para saber el alcance definitivo de la reforma y en qué medida afectará a nuestros bolsillos, lo que si es evidente es el dicho que reza: «cuando el rio suena, agua lleva».
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